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El contenido de este sitio ha sido modificado temporalmente durante el periodo comprendido del 23 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024, en atención a las disposiciones legales en materia electoral con motivo del inicio de las precampañas y campañas electorales del proceso electoral federal 2023-2024.


Elecciones bajo sospecha

(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)


 

    Por Alberto Guerra Salazar 

CRÓNICAS POLÍTICAS

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Ya está en marcha en Tamaulipas el proceso electoral 2020-2021, pero existen dos manchas que merecen una pronta aclaración, para disipar sospechas de manejos irregulares. 

De un lado, el diputado local de MORENA Rigoberto Ramos Ordóñez, denunció públicamente que los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas se prestan a ejecutar maniobras legaloides pero atendiendo consignas políticas. 

Y por el otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprendió una acción de inconstitucionalidad, contra reformas hechas por la mayoría del PAN en el Congreso local, en el texto de la ley electoral de Tamaulipas. 

Es decir, el árbitro que se supone es imparcial, objetivo, legal, estaría supeditado a instrucciones del jefe del poder ejecutivo local, y por otra parte, el Gobernador habría instruido a sus diputados, a hacer una ley electoral a modo. 

El domingo 6 de junio, los tamaulipecos acudirán a las urnas para elegir a 43 presidentes municipales, a nueve diputados federales y a 36 diputados locales, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. 

Pero si existen dudas de la imparcialidad del IETAM y además está trasquilada la ley electoral, la sociedad no puede esperar legítimamente, que los resultados de la jornada cívica sean claros, limpios, transparentes. 

Por eso se torna impostergable, que las autoridades correspondientes, intervengan, tomen al toro por los cuernos y aclaren las dos situaciones. 

El diputado Rigoberto Ramos Ordóñez, de Reynosa, fue objeto de cuatro procesos sancionadores por parte del IETAM, por supuestas infracciones a la ley electoral. En su defensa, el legislador fronterizo acusa públicamente que se trata de revanchas y represalias dictadas desde palacio de gobierno. 

Los consejeros electorales enjuiciaron a Rigoberto a pedido del PAN, por haber cometido presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y ultraje a las siglas del PAN. 

De todos los cargos imputados, sólo sobrevivió uno pues los otros fueron desechados por el tribunal electoral del poder judicial de Tamaulipas. Los detractores de Ramos Ordóñez hicieron sobre las rodillas las acusaciones y se cayeron por improcedentes. 

Curiosamente (nótese el sarcasmo), la diputada local del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez, de Nuevo Laredo, también fue acusada de actos anticipados de campaña, pero los consejeros electorales la declararon ¡inocente! 

De otro lado, los 22 diputados locales del PAN, más su aliada del Movimiento Ciudadano Patricia Pimentel Ramírez, aprobaron reformas en la ley electoral local, pero también lo hicieron a las carreras, descuidadamente, y lo hicieron mal. 

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino para enmendarle la plana a los legisladores de Cabeza de Vaca, declarando improcedentes algunos parches porque se atribuyeron facultades ajenas. 

En un chico rato, los Ministros podrían hasta ordenar la reposición completa de la ley electoral tamaulipeca, pues los paniaguados de Cabeza la han manoseado excesivamente, para tornarla a su favor. 

En estas condiciones, se impone la necesidad de que el IETAM se reivindique mediante cualquier procedimiento, para que recupere integridad, prestigio y autoridad moral para organizar y calificar las elecciones. 

También es recomendable que se reúnan cuando menos las comisiones legislativas de Gobernación y Estudios Legislativos, para que informen a la sociedad de las reformas que necesita la ley electoral, pero por imperativos de la modernidad, no para que Cabeza de Vaca pueda hacer ganar a sus candidatos el domingo 6 de junio de 2021. 

Sobre el mismo tema, la diputada federal Olga Sosa Ruiz, del PES, subió a la tribuna para recordarle al Gobernador panista, que ya va siendo tiempo que autorice a sus diputados locales, que legislen en materia de violencia contra la mujer. 

Desde hace más de un año, el Congreso de la Unión remitió a Tamaulipas la minuta sobre la ley Minerva, para prevenir y castigar la violencia ejercida de diferentes maneras contra la mujer, y hasta ayer fue admitida en la Comisión Permanente. 

Olga Sosa Ruiz, de Tampico, tuvo dos intervenciones en tribuna el lunes y otra ayer, donde le dio nueva repasada a Cabeza de Vaca, por sus mentiras expresadas en conferencias de prensa, ¡tres consecutivas!, él, que desprecia a los periodistas. 

Como miembro de la alianza federalista, Tamaulipas y Cabeza firmaron hace unos días, un manifiesto de apoyo a Chihuahua y su derecho al agua de riego, pero ayer el Gobernador panista reculó con su declaración de que defenderá el agua para los productores locales. 

En Ciudad Victoria sigue siendo un enigma saber por qué ninguna autoridad atiende las denuncias, formales y mediáticas, presentadas contra el presidente municipal Xicoténcatl González Uresti. 

Le han publicado casos irrebatibles de corrupción, sobre todo con el uso de facturas falsas, pero nadie se molesta en convocarlo a presentarse ante instancias oficiales para aclararlo. 

También se ha publicado repetidas veces, el uso de recursos humanos y materiales del Ayuntamiento, en actividades de particulares, como la transportación de block, cemento, arena, para la ampliación de la mansión de un familiar de Xicoténcatl, pero no dejan de hacerlo. 

La propia contralora municipal está envuelta en asuntos turbios que implican tráfico de influencias y conflicto de intereses, pero ella mismo no puede auto-corregirse, ni el Cabildo la llama a cuentas. 

Es tan desvergonzado el jefe de la Comuna, que seguramente pedirá al PAN que lo vuelva a postular, para la reelección. 

A propósito, todo el primer cuadro de la ciudad capital fue cercado ayer con rejas metálicas resguardadas por policías estatales, prohibiendo el acceso excepto por la calle 17. 

La gente reclamaba enojada por la toma del centro de la ciudad y hasta un respetable notario público que tiene su oficina frente al palacio de gobierno, tuvo problemas para que lo dejaran entrar. 

Esa maniobra de resguardar grandes espacios públicos se hace sólo cuando hay ceremonias gubernamentales, desfiles, reuniones de grandes jefes, verbenas, bailes populares, pero todo se canceló en la noche de El Grito. 

Un periodista aventuró la hipótesis de que se trata de hacer cuadro grande, sólo para justificar la erogación de 40 millones de pesos, que es el gasto tradicional que ocurre con una ceremonia oficial de ese tipo. 

Por lo visto, Cabeza no tiene llenadera. 

También está suspendido el desfile del 16 de septiembre, pero no deja de ser día inhábil, con bancos cerrados lo mismo que oficinas de gobierno. 

Massive Caller publicó ayer resultados de su encuesta mensual sobre medición de aprobación a Gobernadores. De 32 mandatarios, Cabeza aparece en la posición número 25. 

En el renglón de Gobernadores con menor confianza, el panista está en el número 23. 

A propósito de pillos, el ex Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del PRI, está asustado pues le congelaron sus cuentas bancarias, por discrepancias en lo que ha ganado en su vida productiva, con los montos descubiertos.  

Eso es presagio de cárcel y Egidio Torre Cantú seguramente echó en remojo las barbas. 

Cumple años el empresario riobravense Zacarías Melhem Kuri, la jovencita Paulina Longoria, hija del abogado Mario Longoria, también en esa ciudad fronteriza. 

En Tampico, fiesta privada para Guillermo García Muela, hijo del médico desaparecido Guillermo García Aguirre, de la famosa dinastía de los Kennedy, de Nuevo Laredo. 

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com 

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(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)