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Capacitan a notarios para Ley contra el lavado de dinero

(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)


Ramón Mendoza S
Texto y Foto

A través de reconocidos abogados especialistas en la materia venidos del estado de Nuevo León notarios públicos de Ciudad Victoria se encuentran capacitándose en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ricardo Martínez Rivas Presidente del Colegio de Notarios Públicos de esta capital informo que desde que entró en vigor el reglamento de lo que hoy se conoce con “Ley contra el lavado de dinero” se han puesto en marcha talleres de capacitación sobre los lineamientos establecidos por esta nueva legislación.

Destacó la importancia de que los notarios públicos manifiesten y aclaren cualquier duda respecto de las responsabilidades que la nueva ley señala, ya que el gremio tiene claro que la norma “Está hecha para cumplirse y hay que ser respetuosos de ello”.

“La ley restringe pagos en efectivo; en las operaciones hay un límite ,por ejemplo, en la compra-venta de inmuebles hasta 500 mil pesos, si tú ya estás aceptando un pago de 500 mil pesos en efectivo y no lo reportas ya estás incumpliendo esta ley, o sea la persona a la que le están pagando la casa”, aclaro.

Señaló que los notarios públicos tienen la obligación de ejercer sus funciones con lealtad y estricto apego a la ley, siendo un elemento muy importante en el Estado de Derecho y aclaró que dentro de los lineamientos de la citada norma, los fedatarios fungen como medios de información respecto de las actividades que la misma clasifica como vulnerables, sin que recaiga en ellos una labor investigadora.

Los talleres de capacitación puesto en marcha sirven para conocer con exactitud esta ley, que entro otras cosas obliga a reportar las operaciones inmobiliarias de más de 500 mil pesos en efectivo, ya que ahora se tendrá que hacer bajo transferencia o dispositivo nominal.

Dicha norma permite al Ejecutivo contar con un mayor número de elementos para prevenir el lavado de dinero.

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(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)