SAN ANTONIO.- Un juez federal cuestionó el lunes los alcances de una nueva ley contra las “ciudades santuario” en Texas que tiene el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, pero que cuatro de las urbes más grandes del estado, algunos jefes policiales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes intentan impedir que entre en vigor en septiembre.
Centenares de manifestantes que agitaban banderas y portaban carteles que decían “Paren la separación de familias” colmaron la plaza afuera de la corte de San Antonio, en donde el juez federal Orlando Garcia decidirá si Texas puede poner en marcha la ley que Trump afirma es congruente con el combate a la inmigración ilegal.
La audiencia en el tribunal fue la primera sobre la constitucionalidad de la ley conocida como SB4, desde que la firmó el gobernador republicano Greg Abbott. La sesión duró horas y concluyó sin que García emitiera un fallo en el que autorizara a Texas aplicarla. Tampoco fijó fecha para anunciar una decisión.
La ley permite a los policías preguntar a las personas su condición migratoria durante inspecciones rutinarias de tránsito y prevé que los jefes policiales y funcionarios por elección popular sean encarcelados o destituidos si ignoran las solicitudes de las autoridades migratorias de que detengan a extranjeros que vivan sin permiso en el país.
Las cuatro ciudades más grandes de Texas _San Antonio, Austin, Houston y Dallas_ interpusieron un recurso en un intento para impedir la entrada en vigencia de la medida y los abogados de esas urbes dijeron a García que su fallo podría ser determinante en la decisión de otros estados que pretenden adoptar normativas similares.
La procuraduría general de Texas respondió a través de sus abogados que la nueva ley es menos severa que la que se decretó en 2010 en Arizona, conocida como “Muéstreme sus papeles”, misma que fue bloqueada parcialmente por la Corte Suprema federal.
Agencias
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