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PGJE va por microbuses y taxis piratas o con permisos falsos

(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)


Endurecen ley contra microbuseros

En Tamaulipas ya no permitirán unidades ilegales de transporte público colectivo que además de que violen la ley de la materia, participan en actos ilícitos con permisos falsos tanto de microbús como de taxis.

La iniciativa de reforma a la Ley del Transporte Público en Tamaulipas contempla además del aspecto de la regulación de la tecnología a base de sistemas de control de pasajeros y el Sistema de Posicionamiento Global-GPS fuertes sanciones punitorias para quien circule con permisos falsos o unidades “Piratas”

Irving Barrios Mujica Procurador General de Justicia en el Estado ( PGJE) informo que se está trabajando en cuestiones legales en la que se involucra también al código penal vigente para someter al orden público a este fenómeno que cada día es más frecuente y en la que incluso este tipo de unidades en algunas ocasiones son utilizadas para cometer delitos.

“Efectivamente el código penal del estado de Tamaulipas como menciona un delito en flagrancia el estar manejando situaciones con vehículos irregulares, sin embargo también es un tema que involucra a los municipios por las autorizaciones con las que se cuenta y al estado” asevero.

Señalo que al día de hoy, la PGJE está llevando a cabo todos los tecnicismos legales en coordinación con las instancias de gobierno correspondientes.

“Se están realizando las cuestiones legales, los nuevos ordenamientos y marcos normativos para poner en orden a los taxis piratas y también los transportes colectivos, ya se tiene incluso un estudio con el Instituto del Transporte” advirtió.

“De ver cuál es el número de unidades piratas en el estado sobre todo en las ciudades más importantes Reynosa, Matamoros, Victoria quienes encabezan esos número y de ahí que venga la segunda etapa que es el marco normativo y la regularización de esos vehículos y actuar jurídicamente en consecuencia” preciso.

“Lo que pretende el estado es no crear un conflicto o abuso de arbitrariedad sino que las personas que están involucradas pongan su situación en orden, sus vehículos y una vez que se fije el plazo perentorio al respecto sino se cumple entonces vendrán cuestiones administrativas e incluso penales” acoto.

Ramón Mendoza
Reportero

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