Gobierno de Tamaulipas criticado por la CNDH por sólo avisar sobre violencia

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Ciudad de México. Frente a la percepción de un Estado de derecho laxo, con una amplia tolerancia al incumplimiento o contravención de la ley, “y en un entorno en el que se registran niveles alarmantes de violencia e inseguridad, como los que actualmente se padecen, por ejemplo, en los estados de Guerrero, Tamaulipas o Veracruz”, la defensa de la legalidad se reafirma como la única vía para generar las condiciones mínimas de seguridad que la sociedad demanda.

Sostuvo lo anterior el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al rendir su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que agregó que recuperar la seguridad en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos es una prioridad que exige atención urgente en el país.

No podemos aceptar que se vuelvan parte de nuestra normalidad situaciones como las que se viven en Tamaulipas, donde una de las respuestas de las autoridades ante los hechos de violencia que tienen lugar, consisten simplemente en avisar los lugares donde están sucediendo actos de violencia, a efecto de que las personas por miedo a ser afectadas decidan por sí mismas restringir sus derechos de libre tránsito y reunión, permaneciendo en sus domicilios.

González Pérez dijo que la atención de la inseguridad debe ser integral y estar basada en una lógica más preventiva que reactiva. Las autoridades no pueden dejar de lado su obligación de brindar un mínimo de condiciones de seguridad a las personas, dijo.

El presidente de la CNDH señaló que el cumplimiento de la ley debe asumirse como una responsabilidad y un compromiso. Es la hora, indicó, de reencausar la vida nacional por un camino de rectitud moral, legal y política que ponga por delante los valores de la civilidad y la responsabilidad.

Por otra parte, ante las críticas de diversos sectores a la CNDH por defender -a los delincuentes- González Pérez sostuvo: “Nosotros no defendemos delincuentes. Defendemos el cumplimiento de la ley para todos”, y agregó que durante 2016 hubo voces que quisieron identificar la defensa de los derechos humanos con una vía para preservar la impunidad e impedir la debida persecución de los delitos.

“Nada mas alejado de la realidad, cuando las autoridades violentan los derechos de las personas o no ejercen sus atribuciones legales incurren en actos ilícitos susceptibles de ser sancionados”, sostuvo.

La Jornada

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