Ley antiterrorismo

Acaso uno de los fenómenos que mayormente intrigan respecto a la ola de violencia que sacude a México sea su alta dosis de gratuidad.

Esto es, la ausencia de una causa eficiente, visible, concreta, en delitos atroces que no parecen vinculados a ganancia directa, ventaja logística o necesidad estratégica alguna.

Patologías que rayan en lo maligno, como si el dolor fuese alimento o el sufrimiento extremo generase alguna suerte de plusvalor sutil, inimaginado hasta hoy por los estudiosos del comportamiento criminal.

Piénsese, por ejemplo, en los artefactos explosivos lanzados hacia la multitud durante una noche del grito en Morelia, a mediados del calderonato.

O las masacres periódicas con decenas de víctimas absolutamente inocentes que afloran de tiempo en tiempo en inhumaciones clandestinas.

PENAS MAYORES
A falta de explicaciones, el Congreso de la Unión recurre ahora a la respuesta pragmática de rigor: incrementar las penas a los delitos englobados bajo el concepto de terrorismo.

Las bancadas de izquierda, por supuesto, impugnaron la iniciativa ante el temor de que esta suerte de reformas sirva al interés mezquino de reprimir la inconformidad social y coartar la protesta ciudadana.

Con tales cambios, el Código Penal Federal impondría pena de prisión de 15 a 40 años para quienes incurran en esta clase de conductas.

Por ejemplo, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas y biológicas, material radioactivo, combustible nuclear o explosivos contra bienes o servicios, públicos o privados, contra la integridad física, emocional o la vida de personas, produciendo alarma, temor o terror en la población y atentando así contra la seguridad nacional.

A los ladrones de material radiactivo y combustible nuclear (hay un caso muy reciente acá en Tamaulipas) se impondrían penas de 12 a 20 años de cárcel y de 12 mil a 20 mil días de multa.

LA IMPUNIDAD, EL QUID
Castigarían no sólo el hecho sino la tentativa a quien acuerde o prepare un acto terrorista que pretenda cometerse, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Contemplan asimismo delitos perpetrados contra un bien inmueble de acceso público que generen daño o perjuicio a la economía nacional y cuando dicho delito (ojo) detenga en calidad de rehén a una persona.

Igual se prevé sancionar con penas de 20 a 30 años de prisión el empleo de explosivos o materias incendiarias que destruyan total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea y marítima.

Por supuesto, la duda no se resuelve del todo, subsiste la inquietud: ¿El incremento de las penas inhibe en automático la comisión de un delito?

La respuesta pudiera ser negativa, en efecto, aunque también debamos recordar que incrementar el castigo representa una medida práctica contra ese incentivo innegable del delito llamado impunidad.

ZIGZAG
*** SE CONFIRMÓ la expectativa, el empresario MAURICIO SULAIMÁN SALDIVAR de 44 años fue electo presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en relevo de su padre, el fallecido promotor JOSÉ SULAIMÁN CHAGNON. *** IMPORTA subrayar que no se trató de una decisión acatada “en automático”, a manera de herencia, como algunos medios lo manejaron en la víspera. *** MIRE usted, MAURICIO se postuló al cargo ante adversarios bien plantados que competían por lo mismo, como el italiano MAURO BETTI, el estadounidense REX WALKER y el tunecino HOUCINE HOUICHI. *** ELLO torna aún más meritorio su nombramiento. *** EN FIN, a propósito de golpes, la oposición panista parece haber encontrado en el organismo tamaulipeco de transparencia un atractivo “punching bag” donde ejercitar sus tareas de calentamiento previas al 2015. *** LO CUÁL de alguna manera me recuerda cierta anécdota atribuida a don FIDEL VELAZQUEZ cuando le preguntaron sobre la “democracia transparente” implementada en el PRI por el campechano CARLOS SANSORES PÉREZ. *** A LO CUÁL respondió el viejo lobo cetemista: “Es tan transparente, ¡Que ni se ve!” ***

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