C R O N I C A S P O L I T I C A S
Por Alberto Guerra Salazar
CIUDAD VICTORIA, (ASI)— Tardíamente pero por fin le salió la casta al abogado Rafael González Benavides pues con voz tronante atajó el discurso falaz del gobierno panista, de echarle la culpa al pasado, para cubrir sus propias ineficiencias, incapacidades e incompetencias, en la atención a graves problemas sociales.
El diputado local, ex presidente estatal del PRI, ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, dijo en el Congreso local, que funcionarios del gobierno del Estado han fallado en el cumplimiento de sus responsabilidades y que les ha resultado fácil la salida de justificarse con el pretexto de que sus antecesores cometieron muchas irregularidades.
Citó González Benavides los casos de la fuga masiva de reos del penal victorense, el asesinato de la activista social de San Fernando y el recrudecimiento de la narco-violencia en Reynosa, como casos donde el gobierno estatal, panista, ha exhibido sus debilidades.
“Pero la solución no es buscando culpables por acciones del pasado, sino afinando las acciones gubernamentales, para conseguir mejores resultados. La sociedad lo pide con toda razón y hay que cumplirle”.
En la misma sesión plenaria, diputados locales se declararon dolidos y preocupados por el asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista de San Fernando, así como de un de periodista de la ciudad de Sinaloa.
Coincidieron en pedir más seguridad y protección para promotores de derechos humanos y periodistas, aunque omitieron llevar sus intenciones a los hechos, como un simple punto de acuerdo donde pidan al poder ejecutivo, que ejerza el presupuesto autorizado por el legislativo, para el rubro de comunicación social.
Van a cumplirse ocho meses de que el ejecutivo mantiene congelado el gasto en medios de comunicación y sin informar el destino que da al dinero presupuestado para el caso.
Por cierto, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, autorizó otorgar una recompensa de un millón de pesos, a la persona que aporte información que conduzca a la aprehensión de los asesinos de la señora de San Fernando.
Sobre el mismo tema, el secretario general de gobierno César Verástegui Ostos reconoció sin vergüenza, que no tienen suficientes agentes policiacos para comisionarlos en la protección de activistas sociales que se sienten amenazados.
Parecer ser un mea culpa por no haber cumplido la petición de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, de tener el amparo del gobierno cuando intuyó que su vida estaba en peligro tras escaparse del penal los asesinos de su hija, que ella envió allí.
Reynosa seguía ayer convulsionada por la violencia, luego de que la jornada del miércoles cobró dos vidas de delincuentes. Hubo hasta granadazos, cuyas esquirlas hirieron a empleados de una empresa. Dos sicarios también están heridos.
Ciudad Victoria no escapa tampoco a los episodios de sangre, con ejecuciones a domicilio que no son reportadas por las autoridades.
Personeros mezquinos del gobierno pretenden descalificar hasta el semáforo de alertas que el gobierno municipal de Reynosa mantiene funcionando, para avisar a los ciudadanos de situaciones de riesgo a efecto de que se protejan.
Cada alerta emitida cumple un protocolo básico institucional, que consiste en corroborar con una autoridad competente, Protección Civil, por ejemplo, que existe la situación de riesgo que se anuncia.
Ayer en Reynosa, el Cabildo aprobó el nombramiento del abogado Roberto Carlos Rodríguez Romero, como nuevo Secretario del Ayuntamiento, por cumplir el perfil requerido, ser avezado, con experiencia y vocación de servicio.
La presidente municipal Maki Ortiz Domínguez tomó la protesta de rigor al nuevo titular, que ya despachaba en la oficina respectiva pero con carácter de interino. Antes, Roberto Carlos era el director jurídico del gobierno municipal, también con buenos resultados.
Maki autorizó por separado, la compra de maquinaria ligera y equipos, para mejorar el desempeño de los servicios básicos primarios, especialmente alumbrado público, parques y jardines.
Esa ciudad fronteriza amaneció sin servicio de taxis y una manifestación de choferes que bloqueó calles por el rumbo del Puente de la Muerte, que exigen al gobierno del Estado que no los trate como a delincuentes.
Pidieron que regularicen los permisos para poder cubrir rutas, pues la indolencia gubernamental los obligó a prestar el servicio fuera de la norma, es decir, como “piratas”, pero niegan estar al servicio de infractores de la ley.
Otras manifestaciones de protesta no han podido ser atajadas por la secretaría general de gobierno, como la de agricultores de San Fernando, que impidieron en brechas el paso de maquinaria de una empresa petrolera española.
El conflicto es añejo pues no es la primera vez que bloquean el acceso a los pozos, debido a que los extranjeros no han cumplido sus ofrecimientos de reparar los caminos que dañan sus camiones pesados, ni contribuyen a resolver el problema del abasto de agua potable.
También están anunciados nuevos bloqueos a la carretera federal de ese rumbo, por parte de productores que no han conseguido obtener de SAGARPA el pago de apoyos para la comercialización de granos, por un monto de varios cientos de millones de pesos.
El gobierno del Estado hizo publicar a finales del año anterior, una foto del Gobernador Cabeza de Vaca y el titular de SAGARPA, con la noticia de que el dinero se pagaría antes de terminar diciembre.
Por el rumbo de Matamoros, el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, visitó la colonia Los Encinos para inaugurar
con los vecinos nuevas calles pavimentadas, lo que contribuye a recuperar el rostro feliz de la ciudad.
Chuchín y sus colaboradores dialogaron ampliamente con los residentes del sector, que agradecieron el cumplimiento de compromisos pactados en la campaña y hasta consiguieron que el presidente municipal les ofreciera el apoyo para instalar juegos infantiles y redes para las porterías de campos de fútbol.
Expresó el licenciado De la Garza, su satisfacción por estar llevando a Matamoros a mejores estadios de crecimiento y desarrollo, con el apoyo de los otros órdenes de gobierno y de la propia sociedad.
En Ciudad Victoria, se cumplió la anunciada renuncia o destitución de la tesorera del gobierno del Estado, María Gabriela García Velázquez, quien se desempeñará a partir del lunes, como titular de la representación en la Ciudad de México.
Esta es la segunda baja en el Gabinete, también envuelta en la opacidad, pues no se sabe si fue renuncia o destitución, igual que ocurrió con Lydia Madero García cuando se fue de la Secretaría de Salud.
El problema radica en que la funcionaria saliente cobró salarios durante casi ocho meses sin haber estrenado la firma suya en cheques de proveedores, pues es fecha que no se convoca a competir por contratos de obra pública.
Es decir, pasó María Gabriel casi un año empapándose en asuntos propios de finanzas pues su profesión universitaria es la de ingeniería en alimentos, pero esos conocimientos no le servirán de nada pues regresa a la Ciudad de México.
El nuevo (a) tesorero (a) tardará otro tanto en aprender el manejo de la dependencia y nada garantiza que también salga con aquello de que dijo mi mamá que siempre no, como si esto fuera un juego.
Pero si la echaron por incompetencia, bien, aunque no se descarta que la funcionaria aventara el arpa por no estar de acuerdo en el borrón y cuenta nueva que le atribuyen como privilegio para Egidio Torre Cantú.
Otro asunto igual de sospechoso, es la información gubernamental de que dieron de baja a 500 aviadores en la Secretaría de Salud, y aquí no ha pasado nada. La enorme cantidad de personas que cobraban en la dependencia sin trabajar allí, hace pensar en una maquinación para cometer peculado. Es decir, en un delito. Por un monto superior a los 244 millones de pesos. Y no van a investigar.
Cumplieron años los periodistas Javier Claudio Gámez, de Nuevo Laredo, y Héctor Walle Juárez, victorense.
Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com
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