La polémica por el uso partidista de la justicia, resucitada en laopinión pública a partir de la presunta alerta migratoria contra tres ex-gobernadores tamaulipecos, reviste aspectos poco conocidos que empiezan a salir a la luz.
La edición en curso del semanario PROCESO disponible por vía electrónica desde las primeras horas del domingo, pone en tela de juicio, entre otros asuntos, la validez de las revelaciones brindadas a la fiscalía por los así llamados “testigos protegidos”.
El reportero JENARO VILLAMIL cita un caso muy significativo como es el delincuente que lleva por nombre JOSÉ SALVADOR PUGA QUINTANILLA, apodado el “PITUFO”.
Según PROCESO, dicho caballero habría venido fungiendo como un declarante muy socorrido por la PGR cuando ha necesitado armar algún expediente contra los adversarios políticos del Presidente CALDERÓN.
Citando fuentes del PRI nacional, VILLAMIL comenta que las declaraciones del “PITUFO” habrían servido sucesivamente como “base para la detención masiva de funcionarios y alcaldes de Michoacán”.
Se refiere al también llamado “michoacanazo” de nulos resultados en el terreno de la justicia y que solamente sirvió como calambre electorero contra políticos pertenecientes a partidos antagónicos al gobernante PAN.
Otro episodio citado por dicho semanario ocurre cuando el “PITUFO” actúa como informante “contra el ex alcalde de Cancún, GREG SÁNCHEZ, quien fue liberado después de ser invalidado como candidato a gobernador de Quintana Roo.”
Antecedentes ambos de gran importancia pues nos permiten contextualizar de mejor manera la tarea que el mismo “testigo protegido” habría realizado como presunto informante para justificar la “alerta migratoria” difundida hace algunas semanas contra los tres ex-mandatarios tamaulipecos.
De nueva cuenta el testigo estrella fue el “PITUFO”, apodo que como usted sabe proviene de la simpática serie televisiva dirigida al público infantil donde se habla de duendes chaparritos, narigones y azules.
En efecto, al servicio de la causa albiazul parecen trabajar tales expedientes armados a toda prisa para ganar las ocho columnas del primer día y permanecer en primeras planas durante la siguiente semana para luego esfumarse en el aire.
¿Ex abruptos de sobremesa, contaminación partidista de la justicia, voluntarismo presidencial?, vaya usted a saber.
Al igual que el asunto aquel de HANK RHON, las investigaciones parecen dirigidas hacia objetivos que nada tienen que ver con la ley.
Metas caprichosas como el desprestigio de personas y partidos con fines meramente electorales.
Peor aún, todo indica que el Presidente CALDERÓN, pese a sus evidentes tropiezos, no solamente mantiene viva su fe en dicha estrategia sino que además busca denodadamente colocar a las personas indicadas para aplicarla.
¿Cual sería el perfil idóneo de dichas personas?
Básicamente se trataría de gente capaz de actuar por consigna política, obedeciendo órdenes haya o no caso, aplicando la línea presidencial con y sin datos empíricos y armando expedientes al gusto del poderoso para luego darles curso en los medios, especialmente en etapas electorales.
Recuérdese que la actual procuradora MARISELA MORALES participó en la integración del caso penal relativo al desafuero de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en el año 2005, cuando la dama fungía como cercana colaboradora del entonces procurador RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA.
Pero hay más, desde agosto de 2011, el abogado CUITLÁHUAC SALINAS funge como titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, a las órdenes de MARISELA.
Y resulta que tan distinguido señor fue el fiscal que integró la averiguación contra AMLO el sexenio pasado, por un asunto menorcomo era el litigio inmobiliario de aquel predio denominado “El Encino”.
Hay, pues, elementos de sobra para sentirnos incómodos ante la excesiva cercanía entre la justicia federal (teóricamente imparcial) ylos intereses concretos del Partido Acción Nacional.
lopezarriaga21@prodigy.net.mx
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