Altamira, la danza de los mil nombres

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CUADRANTE POLITICO——————
POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO——–

A los pies del Golfo, no podía ser en otra parte:

La profunda garganta del Atlántico, parece devorar el descomunal vuelo de los pelícanos. El mar tamaulipeco va y viene en oleajes eternos, que parecen responder al ritmo de los sexenios, a las decisiones del poder, y a su compleja urdimbre de intereses, como la réplica de un océano de pasiones y de ambiciones en tierra firme.

Junto a las comisuras de esta franja de mar, a mediados del siglo XVIII se creó este pueblo fundacional del sur tamaulipeco: Altamira bautizada como la cordillera española de este mismo nombre, en la región cantábrica, donde se encuentran las famosas cuevas de la prehistoria y sus pinturas rupestres.

En los inicios de los ochentas, a finales del sexenio de José López Portillo, se creó el decreto, mediante el cual, se creaba el puerto industrial, donde ahora se asientan, importantes capitales alemanes y asiáticos. El área del puerto es de tres mil 75 hectáreas, mientras que la superficie de desarrollo industrial que lo rodea es cinco mil 98 hectáreas, con una reserva de amortiguamiento ecológico de mil 422 hectáreas.

Pero dejemos los cansados números, vayamos a la historia que nos ocupa: los terrenos cedidos por el México rural al boom industrial, se obtuvieron, a costa de despojar a las familias campesinas que ahí se asentaban. Varios ejidos de este municipio fueron desmantelados, para asentar, las bases de lo que sería el nuevo enclave de la economía global.

La crisis económica de los ochenta, dejó parte de las tierras expropiadas, como las novias de rancho, vestidas y alborotadas. En 1994, el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, (1993-1999), las solicita al gobierno federal, para edificar lo que después se recordaría, como el gran sueño fallido de su sexenio: el célebre canal intracostero, que apareció en su campaña y en su oratoria metafórica, como algo parecido a la piedra filosofal del gran despegue económico en Tamaulipas. Eran terrenos aledaños a la costa, que abarcaban, desde Matamoros, hasta ciudad Madero.

En el 2001, el sexenio yarringtonista crea el Fideicomiso Nuevo Santander, destinado a fortalecer la pequeña y mediana industria, cuyo patrimonio engloba las mil 600 hectareas de Altamira. Y poco después, estas son vendidas a un particular de la Constructora Villa de Aguayo, SA de CV.

Es en estas fechas, donde aparece la famosa sesión de la LVII legislatura, en la cual , tanto priistas, como panistas, avalan esta operación, legalizada por el Congreso.

En el 2004, la panista Margarita Zavala sube a la tribuna del senado de la república, y demanda que se investigue el tema de los terrenos, asentados en las orillas del litoral tamaulipeco, especialmente, en lo que se relaciona al presunto despojo de los grupos campesinos, asentados en la zona.

Y en el año 2009, el asunto de Altamira, cae en manos del despacho capitaneado por Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, ambos abogados, conocidos por el tráfico de influencias, para ganar casos difíciles, y litigar a base de relaciones con el poder político. Ambos personajes del influyentismo jurídico, le ganan un amparo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un pleito legal, que consiste en impugnar, el decreto lopezportillista, argumentando que, los terrenos expropiados en 1981, no se justifican, para efectos d e utilidad pública. En esta operación, la SCT les paga mil 500 millones de pesos, como indemnización. La parte del león, se la quedan ellos, y una porción más pequeña, la reciben los ejidatarios. De eso a nada, pues ni hablar.

Los nombres finales de esta trama que dio inicio en los años ochenta, justo en los labios arenosos de sur altamirense, son los siguientes: Alberto Berlanga Bolado, su hermana Delia del Carmen Berlanga Bolado y el que parece ser el cuñado, de nombre Héctor Suverza Ramírez, del cual nadie da razón en la zona conurbada.

Y si lo conocen, tampoco hablan.

El temor a que se les involucre, no es para menos. La poesía del litoral y su horizonte rasgado por el oleaje incesante, parece reinventarse, en el torbellino del affaire más impetuoso de las últimas décadas.

La marea política en Tamaulipas, está registrando el más feroz de los reacomodos del poder. Una mezcla de novela, de historia turbia y de drama inacabado.

Altamira, y la danza de los mil nombres.

——PEDRO GRANADOS, VICTIMA DEL TERREMOTO TAMAULIPECO—

Dicen que, ni con perros rescatistas, encuentran a uno de los desaparecidos por el terremoto político, relacionado con los terrenos de Altamira. Se trata del titular de Protección Civil, en el actual gobierno del cambio, Pedro Granados Ramírez, integrante de la LVII legislatura que aprobó por unanimidad, la multicitada apropiación de terrenos salineros en Altamira.

Si la postura y las decisiones de la fiscalía anti corrupción en Tamaulipas, están realmente más allá de partidos y de grillas políticas, entonces a estas horas ya debería de estarle pidiendo la renuncia al Coordinador de Protección Civil en la entidad, Pedro Granados Ramírez, y solicitando el desafuero de la diputada local Teresa Aguilar Gutiérrez, mismos que levantaron el dedo, en aquella célebre sesión de hace 16 años, y que ahora cobra inusitada vigencia.

Porque, en este terreno, el refrán es muy claro: tanto peca el que acaba con el semoviente, como el que le agarra la pata. Otra máxima que advierte sobre la necesidad de aplicar la norma, sin privilegios, es. “O todos coludos, o todos rabones”. Al menos que la administración cabecista, quiera hacer valer esa polémica frase, considerada como una licencia de impunidad, adjudicada a Benito Juárez: “A los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Otros albiazules que levantaron el dedo, para avalar está polémica decisión del poder legislativo, en mayo del 2001, fueron Ubaldo Guzmán Quintero, Enrique Dueñez Pérez, Raúl Galaviz Flores, Víctor Hugo Moreno Delgadillo, y Bernardo Gómez Villagomez , diputado secretario del Salón de Sesiones, en ese tiempo. Por cierto, el ex diputado y ex alcalde de Río Bravo, (Gómez Villagomez) como ya se sabe, es cuñado del actual alcalde riobravense Juan Diego Guajardo Anzaldua, confrontado con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

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